La derogación del delito de sedición

Yo no estoy de acuerdo tampoco con la derogación del delito de sedición propuesta por Pedro Sánchez; ni con el contenido ni con la forma en que se está llevando el proceso. Un contenido que reduce significativamente las penas, y un procedimiento inesperado, inoportuno y como proposición de ley, que permite al Ejecutivo evitar la petición de informes preceptivos, aunque no vinculantes, a órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, eludiendo posibles objeciones, reparos y retrasos.

Esto no quiere decir que una ley del siglo XIX, anticuada, como es la de sedición, no haya que reformarla, modernizarla y adaptarla a los estándares que exigen los convenios internacionales y hacerla semejante a la del resto de los países de la Europa. Y en este aspecto es necesario apuntar que, según juristas de prestigio, las penas por sedición o legislación similar en países europeos no son menores que las de España, e incluso el Tribunal Supremo también lo manifestó así en su informe contra los indultos. 

No obstante, este asunto, en España y en estos momentos, es de una importancia tal que precisa, a mi entender, de tiempo y de la mayor reflexión y consenso político y social. No es de recibo que Sánchez se comprometiera públicamente a no indultar a los condenados independentistas y a endurecer las penas por estos delitos y luego hacer todo lo contrario. Hace solo unos días que miembros del gobierno afirmaban que no había negociación sobre la reforma que ahora plantean, e incluso a Patxi López lo oí decir en la radio esta semana que no había ninguna propuesta escrita.

Entonces, ¿a qué viene esta urgencia que incluso ha provocado (erróneamente a mi entender) que el PP suspendiera las negociaciones para renovar el Consejo General Poder Judicial? ¿Quién lo demanda, es un asunto de interés general prioritario? ¿En qué órganos de dirección del partido se ha debatido? Esta ley ha permanecido ignorada hasta el momento en que ha supuesto un duro castigo para los líderes del proceso independentista catalán. Y son ellos, mediante ERC, los que la han puesto sobre la mesa con un gran interés, los mismos que sitúan el horizonte temporal de la independencia de Cataluña entre 2040 y 2050. Solo a ellos les interesa y corre prisa, porque el tiempo vuela, y así lo ha demostrado hoy Junqueras cuando ha declarado que “la supresión de la sedición y la mejora del delito de desórdenes públicos son dos grandes éxitos» y ha añadido con relación a la condición para apoyar los presupuestos que “esto ya se verá, porque es necesario ver exactamente cuándo se aprueba esta iniciativa legislativa en el Congreso”. 

Solo a ellos les beneficia el cambio anunciado, porque en la cárcel, aunque hayan disfrutado de cierta comodidad y beneficios, “hace mucho frío” y “escuece mucho”: la familia, los amigos, la vida diaria…, en definitiva, “la libertad”. Lo sabía muy bien Puigdemont cuando salió corriendo de España para evitarla. La cárcel es en mi opinión la causa predominante que viene condicionando la actuación de los independentistas en Cataluña y Euskadi. Es cierto también que la acción del gobierno, la negociación y mesa de diálogo están influyendo en el apaciguamiento del movimiento y actividad independentista, pero la variable principal es la cárcel.    

 Ante esta tesis, es lógico pensar que se pudiera estar dando una confluencia de intereses, una especie de simbiosis, entre el presidente Pedro Sánchez y los líderes independentistas, mediante la cual uno se mantiene en el poder y los otros salen de la cárcel, vuelven a ser cargos públicos y siguen sus objetivos empleando este tiempo en conseguir con leyes, indultos, competencias, educación, medios de comunicación, etc. las condiciones idóneas para volver a las andadas en el futuro (entre 2040 y 2050) con el menor gasto y sufrimiento posibles, sin que les cueste prácticamente nada, sin cárcel. Porque, en el peor de los casos, con penas de cárcel llevaderas, se puede propiciar el surgimiento de cualquier loco fanático nacionalista fundamentalista que sopese la conveniencia del coste de su atrevimiento insurgente. 

En cambio, para la mayoría de los catalanes y para los españoles en general, las consecuencias podrían resultar desastrosas en ese futuro. Todas las consecuencias que conlleva el violentar y atacar la constitución, como es la alteración por la fuerza de la integridad territorial de un país: política, económica, social… y de paz, principalmente de paz y tranquilidad de los ciudadanos. Una propuesta de derogación, en definitiva, que beneficia a unos pocos y puede perjudicar gravemente a otros muchos.

Me atrevería incluso a decir, sin pretender ser catastrofista, que se podría estar poniendo la semilla de la balcanización española. Por ello apuestan organizaciones catalanas, vascas y gallegas, como ERC, CUP, EH Bildu y BNG, y otras que ya empiezan a despuntar como Ahora Canarias, Mes per Menorca y Mes per Mallorca, Andecha Astur (Asturias), Puyalon (Aragón) o ER-PV (Valencia).  Y aquí es donde, precisamente, yo llamaría la atención de María Jesús Montero cuando dijo que “la convivencia es la tarea más importante que tiene cualquier político».   

El presidente Pedro Sánchez debe tener sentido de estado y valorar las consecuencias de estas gestiones tan importantes y arriesgadas, y pensar que no todo “vale una misa”. La constitución y los asuntos de estado deben estar protegidos y arropados por una amplia mayoría y siempre por encima de cualquier otro interés, que no se puede ni se debe actuar solo para el presente y “que se apañe el que venga después”. Los asuntos de interés general requieren de sacrificio; si se pierden las elecciones, que se pierdan, si hay que renunciar y dejar el cargo, se deja, y si hay que decir no, se dice “no es no”.

Chove, noviembre de 2022