Siempre he sido defensor de la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos, de la igualdad de oportunidades y de la igualdad en general. Por eso no estoy de acuerdo con ningún privilegio que discrimine a unos en beneficio de otros; nunca lo he estado.

A propósito de la Cuaresma y Semana Santa, en lo referente a la vigilia, el ayuno y las indulgencias, recordaba yo la bula religiosa, la “Bula de carne”, aquella dispensa eclesiástica que permitía comer carne a cambio de pagar una cantidad de dinero en días que el calendario católico marcaba como de abstinencia. O la “bula de Santa Cruzada”, mediante la que se recaudaba dinero para la Iglesia a cambio de beneficios espirituales como la absolución plenaria en el momento de la muerte o una reducción del tiempo a sufrir en el purgatorio. O las indulgencias en la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados a cambio de dinero.

En todas estas disposiciones, las personas pudientes lograban favores y beneficios mediante dinero eximiendo sus obligaciones o pecados, a diferencia y agravio de las no pudientes, los pobres, que tenían que sufrir y penar tanto sus deberes como sus culpas. El dinero ha sido siempre un medio de discriminación en la iglesia, como lo es en todas las facetas de la vida. Los ricos tienen más ventajas que los pobres para conseguir el cielo (a pesar de lo que Jesús les dijo a sus discípulos). El pecado y culpa de ser pobres, por consiguiente, es un pecado mayor.

Otro tipo de indulgencia es el que se aplica en el campo de la justicia. Los ciudadanos lo estamos comprobando actualmente con mayor o menor perplejidad en el caso mediático de Dani Alves, que elude la prisión pagando una fianza de un millón de euros.

Yo siento un verdadero respeto por la justicia, tribunales y jueces, pero he de reconocer que el artículo 14 de la Constitución española: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, no nos ampara a todos por igual; la justicia no siempre es justa como principio legal y moral. Existen otras “condiciones sociales” que nos discriminan y nos hacen desiguales ante la ley: el dinero y el poder.

La prisión eludible con fianza es un recurso que sirve para los ricos, pudientes y poderosos, porque los pobres y proletarios casi nunca podrán hacer uso de ella.  La condición para que un imputado por delito vaya a la cárcel de manera preventiva, en el caso de prisión eludible con fianza, no depende sólo de la gravedad del delito en sí ni de ninguna otra consideración de prevención, como fuga, eliminación de pruebas, probabilidad de reincidir, etc. Depende en última instancia de la capacidad económica del imputado para pagar la fianza, de si tiene dinero o puede disponer de él fácilmente. Es decir, si no tienes dinero vas a la cárcel y si dispones del él quedas libre, por lo que se deduce que si vas a la cárcel no es porque hayas hecho algo malo sino porque no tienes dinero, y, por consiguiente, la conclusión sería que la pobreza es un delito mayor.

Lo estamos observando también en la actualidad con las noticias sobre la Golden Visa. El pobre inmigrante no perteneciente a la Unión Europea que viene a España para trabajar y buscarse la vida tiene que esperar, en el mejor de los casos y tras muchos trámites, varios años para obtener el permiso de residencia. Sin embargo, el rico consigue dicho permiso inmediatamente con la Golden Visa comprando una vivienda por quinientos mil euros. Es decir, si eres rico hay permiso, pero si eres pobre hay que esperar. La pobreza es un claro criterio de discriminación.

En el ámbito de la política, el dinero y el poder también son importantes instrumentos de discriminación entre los ciudadanos. Aquellos que disponen de hacienda y dominio pueden obtener pingües beneficios de ello, a diferencia de los humildes, que no pueden beneficiarse prácticamente de nada.

Las disposiciones gubernamentales recientes también podrían considerarse como otra especie de indulgencia. Me refiero a decisiones políticas sobradamente conocidas y debatidas, las aplicadas a los independentistas del procés. La derogación del delito de sedición, los indultos, la malversación, la deuda, la amnistía, etc. Todas ellas se han decidido en beneficio exclusivo de unos pocos, muy pocos, y se han otorgado por poder a cambio de poder (votos), el poder de unos y de otros en beneficio mutuo. Y todas ellas a diferencia y en detrimento de la inmensa mayoría, de aquella que cumple fielmente la legislación y normativa establecidas. Discriminación por “razón de nacimiento” y “condición o circunstancia social”, art.14 referido.

Aquellos que nacieron en Cataluña y tienen poder político, poder de decisión, votos apropiados, consiguen lo que se proponen, independientemente de su justificación o justedad.

El precio de las cosas no depende de su valor en sí, sino del que tenga en el momento oportuno. Así, los votos independentistas, el 5,47% del total de votantes, los está pagando el presidente Sánchez a un alto precio, porque en este momento preciso son imprescindibles para que él siga en La Moncloa. Ninguna de las medidas adoptadas en favor del independentismo depende ni de la necesidad o conveniencia social (es bochornoso ver cómo se ratifican una y otra vez en que no se arrepienten del procés y que lo volverán a hacer), ni del compromiso electoral adquirido (se insistió una vez y otra en todo lo contrario), ni incluso de la legalidad (tanto letrados, asesores, juristas, como el propio Sánchez han afirmado que la amnistía es inconstitucional). El valor de los votos no depende del número sino del precio de la cantidad necesaria. En este sentido, si eres rico en votos puedes evitar la cárcel y quedar habilitado para continuar ejerciendo en política. Por lo que ser pobres en votos o poder es un delito mayor.

Le ley de amnistía, la sedición y los indultos infringen el principio de igualdad, son injustos y discriminatorios, son iniciativas y normas inventadas solo para beneficiar a unos pocos, para librarles de sus responsabilidades penales.

Por la misma razón, la reforma de la malversación de fondos públicos en Cataluña es desigual y discriminatoria, puesto que diferencia a unos ciudadanos de otros (J. Antonio Griñán), y tiene repercusión en la Hacienda única del Estado, caja común de la que se financian las demás comunidades.

Y por último, en lo referente a la reforma fiscal y la condonación de deuda a Cataluña, otros ejemplos, se lesiona gravemente la solidaridad y economía con respecto a los demás territorios españoles, puesto que las comunidades que hacen sus ingresos al Estado con normalidad también tienen que pagar las deudas de Cataluña, porque el dinero sale de esa única caja en común de todo el territorio español.

En definitiva, La pobreza en general, dinero y poder, es el mayor pecado, la mayor culpa, el mayor delito.

Chove, abril de 2024