Una humillación más
La reunión de Sánchez con Junqueras en el Palacio de la Moncloa ha supuesto un nuevo hito en la historia de conflictos del sanchismo; otra humillación, otra ignominia para el Gobierno y para España. Se trata de un nuevo gesto público y notorio que demuestra la anormalidad de la gestión política sanchista provocada por su adicción al poder.
Una bajeza en la forma y en el fondo. Sánchez ha sido sometido por el independentismo a representar en la puerta de la Moncloa esta pantomima vejatoria, esta parodia innecesaria, para burlarse de él y de España. Los separatistas ya no solo se conforman con la consecución de sus objetivos, un nuevo modelo de financiación de privilegio, sino que lo consiguen haciendo pasar a Sánchez, y lo que representa, por las horcas caudinas. Ya se había llegado a este acuerdo de financiación en dos reuniones privadas previas, confirmadas estas por Junqueras y posteriormente por fuentes gubernamentales, pero ERC ha querido mofarse y hacer pública su victoria ante todos los españoles y, principalmente, ante las comunidades autónomas, que se reunirían después en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una burla descarada al CPFF, a este órgano de debate, reflexión, negociación y acuerdo, al pretender someterlo a esta política de hechos consumados, a un trágala de aquello que previamente se había consentido para privilegio de Cataluña en exclusiva.
La foto del evento humillante no puede ser más ilustrativa, un Junqueras, nadie institucionalmente, pasa acompañado por el mismísimo presidente del Gobierno de España, con todos los honores y boato, por el arco del triunfo de La Moncloa, a modo de general romano celebrando su victoria, la del independentismo sobre España. La propia foto ya supone un peligro, una amenaza para las comunidades autónomas y para todo el país.
Esta reunión institucional vergonzante se ha celebrado además sorteando la justicia, puesto que Junqueras no desempeña ningún cargo público. Fue condenado por el Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña, fue condenado por el golpe y aún está inhabilitado para cargo público hasta que se resuelva su recurso sobre la amnistía por la malversación del procés. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó sin efecto todos los cargos políticos que venía ocupando a nivel europeo. Entonces,¿quién es este personaje institucionalmente para recibir este trato? Simplemente, un líder secesionista inhabilitado por malversación del que depende Sánchez para mantenerse en el poder. Poner la alfombra roja y rendir honores a un sedicioso que no acata el Estado de derecho, para prolongar un poder agónico y sin efecto es ciertamente una afrenta inadmisible.
Illa, mientras tanto, como legítimo y actual presidente de la Generalidad, el que debería ser verdadero protagonista en esa denigrante fotografía, se humilla suplantado y calla escondido vendiendo también su dignidad por un puñado de euros más, para aprobar sus presupuestos y mantenerse en el poder como aquél.
Lógicamente, este modelo de financiación autonómica fue rechazado en la posterior reunión del CPFF. Cataluña, claro está, fue la única comunidad en apoyar la medida, frente a todas las demás comunidades autónomas, las gobernadas por el PP y las gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla La-Mancha. Una señal evidente de que aquí debería terminar esta farsa, esta engañifa, ya que las entidades territoriales a las que se les pretende aplicar no la quieren, la rechazan.
El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, García Page, considera que la propuesta rompe los principios de igualdad, solidaridad y multilateralidad, perjudica los intereses de las regiones y es un paso más hacia la ruptura del país.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue creado por Ley Orgánica en 1980 para la Financiación de las comunidades autónomas. El sistema de financiación autonómica consiste principalmente en el reparto equitativo de recursos económicos entre todas las Comunidades, y el Gobierno debe tratar de repartir con equidad todos los ingresos generados sin perjudicar o beneficiar a ninguna de ellas, teniendo en cuenta la igualdad y solidaridad entre todos los territorios del país y procurando la compensación de las desigualdades interterritoriales.
Es verdad que, al tratarse España de un territorio tan plural, con realidades económicas históricas diversas y heredadas, el reparto financiero ideal se hace difícil, puesto que debería atender criterios de superficie, número de habitantes, dispersión, riqueza, desempleo, envejecimiento, servicios que presta, etc. Desde hace tiempo se ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar este sistema de financiación, atendiendo, en la medida de lo posible, a todas estas peculiaridades. Pero hasta la fecha, se ha ido parcheando, cerrando bocas y apagando fuegos, a salto de mata, utilizándolo como instrumento político y de intercambio de intereses, sin afrontarlo de manera general y definitiva entre todas las comunidades autónomas, y con sentido de Estado.
Acordar primero la financiación autonómica entre un “corredor”, el “tratante” de una Comunidad (de las más ricas) y Sánchez, y después ofrecer lo que sobra al resto es degradante, tremendamente injusto e inaceptable políticamente, y mucho menos comerciado y tratado con un independentista que desafía el orden constitucional y le importa un bledo España.
Lo que nunca se debería aceptar es el principio de ordinalidad, que reciba más la comunidad más rica, la que más tiene, porque de esta forma las diferencias entre las más ricas y las más pobres se harán cada vez más grandes y distantes, y en ningún caso concedidas o aceptadas estas donaciones por una administración socialista; para eso no estomas nosotros aquí. Debemos centrar la atención en políticas de Estado y en valores históricos del socialismo democrático, como la igualdad, solidaridad, justicia, etc. Debemos avanzar más en políticas de equidad y justicia social, para que todos los niños y todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, para que la riqueza se reparta justamente entre todos, impidiendo que a mayor riqueza mayor diferencia social, prestando un servicio de calidad y con prontitud en la sanidad, una inmejorable educación, con atención prioritaria a los más frágiles y desfavorecidos, al desempleo, fácil acceso a la vivienda, que la tercera edad tenga una atención digna, etc.
Si Sánchez tuviese un mínimo de dignidad y no dependiera de su enfermiza adicción al poder, rechazaría esta política chantajista y convocaría elecciones para consulta del pueblo, en lugar de ceder y priorizar los intereses de la minoría secesionista.
Junqueras ha señalado que el acuerdo de financiación supondrá 4.700 millones de euros adicionales, de más, para Cataluña. Pero, lógicamente, las comunidades autónomas lo consideran inaceptable, porque supone un perjuicio, un daño para el resto, y creen que puede romper la caja común de España. Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña y perjudicar al resto del país. Una financiación singular para Cataluña a cambio de votos constituye también una corrupción política, por lo que varios gobiernos autonómicos piensan recurrir al Tribunal Constitucional.
El contenido de este acuerdo provoca desigualdad e insolidaridad territorial, porque favorece a Cataluña a costa de otras regiones, rompiendo el principio de igualdad entre los españoles. “¿Por qué un ciudadano de Granada o de Albacete tendría que tener menos oportunidades?” (Page).
Utilizar recursos públicos con fines políticos, condicionando decisiones económicas al apoyo político de Sánchez es una práctica dañina para la cohesión social y del Estado, y pone en riesgo la unidad de España, incrementando la inestabilidad y el conflicto social.
En síntesis, este acuerdo ha hecho coincidir a izquierda, derecha y opinión pública, porque ven en él un interés personal de Sanchez y su gobierno sanchista, así como un riesgo para la igualdad territorial, el Estado de derecho y la estabilidad institucional.
Lo sensato y preferible sería lo que dice Emiliano García-Page: «Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de esa España que ellos quieren romper, prefiero que hablen los españoles»
Chove, enero de 2026