Comentario a modo de reflexión
En mi opinión, saldremos de la crisis y se recuperará el empleo, pero las secuelas que dejarán estos penosos años de presión e incertidumbre permanecerán por mucho tiempo, que es lo que realmente se pretende.

Estrategia y Objetivos.- La crisis ha sido una estafa ideada por los grandes imperios financieros para estabilizar y garantizar su negocio, que es el de comerciar con el dinero. Consiste en presionar y condicionar a los gobiernos, ante la dificultad económica, para que realicen profundos cambios de gestión, los cuales son más o menos consentidos según la sensibilidad e ideología de éstos. Como consecuencia, algunos gobiernos están aprovechando esta imposición para realizar cambios estructurales de calado, cambios que afectan significativamente a las formas de vida de los ciudadanos. La crisis ha sido una estrategia perfectamente planificada para provocar esa transformación de fondo de la estructura social de los estados. Ha sido una maniobra programada concienzudamente, como se planifica una revolución o un plan de guerra, para conseguir ese objetivo principal: la estabilidad y rentabilidad financiera, que pasa por una nueva administración y organización estatal. La crisis ha sido la excusa, el señuelo, pero el móvil real de la operación es el de sentar las bases para la configuración de un nuevo estado social que garantice el negocio financiero. Y esa estrategia de crisis se vale de una de las armas más poderosas para la coacción: el miedo. El miedo condicionará a los ciudadanos, que permitirán de forma sumisa los cambios y reformas necesarias para la consecución de ese nuevo estado social.

No se trata de una operación de hoy para mañana, sino de largo alcance. Poco a poco, sin que apenas nos demos cuenta, con el paso de los años se irá creando una nueva estructura social que responderá a los intereses y la ideología de los muñidores de esta operación: los que dominan el mundo, el capital y la derecha.

Se irá articulando la sociedad en dos grupos desiguales y distantes, mucho más diferenciados y definidos de lo que lo están en la actualidad: uno pequeño, el dominante (ellos, los poderosos, los ricos) y otro muy grande, los dominados (nosotros, los pobres, los trabajadores).

Prestemos atención a cuatro pilares básicos de un estado de derecho; cuatro pilares que sustentan la igualdad entre todos los ciudadanos de un país: La educación, la salud, la justicia y el trabajo. Hagamos una reflexión rápida y superficial de cada uno de ellos.

Educación.- Cuando se publica en la prensa local noticias como que habrá 3000 becarios menos en la universidad de Granada, no se piensa profundamente en la trascendencia de esta información. Estos 3000 becarios menos no son sólo un dato estadístico más sobre la política educativa del gobierno; estos 3000 becarios menos serán 3000 estudiantes menos de familias sin recursos, pobres. Estos 3000 becarios menos supondrán un alto porcentaje de futuros titulados menos de familias pobres, y también implicará que los puestos de categoría y nivel social que podrían ocupar en el futuro esos titulados los ocuparán los que han podido estudiar, los hijos de los pudientes. Y si contabilizamos todos los hijos de familias pobres del país que no podrán acceder a la universidad por falta de medios y por la aplicación de las nuevas Leyes y disposiciones de Educación, matrículas, tasas, restricciones y otras reformas universitarias, van a ser muchos miles de puestos de responsabilidad en la sociedad futura los que quedarán a disposición sólo de los pudientes, que sí podrán acceder y permanecer el tiempo que haga falta para conseguir sus títulos en una universidad u otra.

Con esta política, en la sociedad del futuro, los hijos de los que puedan costear las carreras y estudios de sus hijos dirigirán las grandes empresas, los mercados, las fábricas, los bancos, las instituciones financieras, etc. Los hijos de los ricos dirigirán los hospitales, las universidades, los institutos, los colegios, las residencias, etc. Los hijos de los poderosos serán los diputados, senadores, embajadores, alcaldes, etc. Los hijos de los acaudalados serán los jueces, presidirán los juzgados y los tribunales de justicia, serán los abogados, etc. La estructura del país del mañana en su conjunto (cultural, económico, financiero, político, etc.) estará dirigida por los ricos, que serán los que estarán preparados para dirigirla.

Van a frenar en seco la posibilidad de progreso de los pobres en la escala social, permitiendo en todo caso la de aquéllos, los muy inteligentes, para que les sirvan a sus intereses, como médicos que les curen sus enfermedades, técnicos que les hagan ganar más dinero, etc. Van a tratar de impedir que el hijo de un pobre compita con el de un rico y le gane el puesto. La igualdad de oportunidades habrá quedado reducida a la mínima expresión; unos podrán acceder a la formación y estarán preparados para dirigir, y otros frustrarán sus expectativas y quedarán resignados para obedecer.

Y los nuevos ricos, los que hayan olvidado su procedencia, las víctimas de las políticas y formas de vida del pasado reciente, cometerán un grave error si persisten en su confusión de identificación, y sufrirán con mayor desgracia el desconocimiento de su ubicación.

 

Salud.- La nueva Reforma Sanitaria, con las privatizaciones, recortes en personal, investigación y gasto en general, pago de medicamentos, etc. hará que el sistema público de salud preste peor atención a los ciudadanos, llegando a la falta de asistencia médica o incluso la muerte. En estos momentos se está dejando ya a muchos cientos de miles de personas fuera del sistema, están privatizando hospitales, cerrando consultorios y servicios, incrementando las largas listas de espera, etc. Mientras tanto, proliferarán los hospitales y centros de salud privados con todos los adelantos, favoreciendo la salud, el bienestar y la longevidad de los que puedan pagarlos. Los ricos disfrutarán de una mejor salud durante más años de vida y los pobres padecerán más y se morirán antes.

Justicia.- En la actualidad, la justicia permite que los políticos, los ricos, los poderosos, etc. difícilmente pisen la cárcel, bien por su procedimiento de aplicación y privilegios como por la preponderancia económica para sufragar gastos de defensa y fianzas, pero las personas humildes no tienen más remedio que redimir su pena con la prisión, entre rejas. Esta diferencia entre poderosos y humildes con respecto al derecho a una justicia igual para todos se verá incrementada en el futuro.

Con la nueva Ley de Justicia, la Reforma del Código Penal, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, la nueva Ley de Tasas, Ley del Aborto, etc. se pone en serio riesgo la pervivencia del servicio público de la Justicia y se va a impedir a muchos ciudadanos acceder a los tribunales, vulnerando sin escrúpulos el artículo 24 de nuestra constitución, que ampara el derecho a la tutela judicial efectiva. Todas estas nuevas leyes y reformas pretenden retrotraernos a la justicia de los peores tiempos del franquismo, en los que los débiles estaban sometidos al abuso y arbitrio de los poderosos sin la menor defensa, amparados por una justicia discriminatoria y desigual.

Cuando un ciudadano se vea lesionado en sus derechos ante la administración, una empresa u otro ciudadano que pretenda abusar de él, se tendrá que pensar muy mucho y hacer cuentas para ver si le cuesta más el collar que el perro, si las tasas de la reclamación que el valor de lo que reclama. Lo mismo para las multas, los seguros de hogar y de vehículos, accidentes, etc.

¿De qué medios de defensa va a disponer un trabajador cuando el patrón no cumpla con el contrato o no le pague lo que le debe; un pequeño agricultor se vea acosado y amenazado por un terrateniente; un asegurado no perciba las ayudas estipuladas en su póliza de seguros; un vecino sea requerido por un ayuntamiento o cualquier otra institución para el pago de un recibo que no debe; etc.? La falta de medios económicos para que la justicia los defienda hará que los humildes queden desamparados a merced de los poderosos.

La nueva Ley del Aborto provocará una división más acentuada entre las mujeres ricas y las pobres. Cuando una mujer embarazada de familia pudiente se le diagnostique un feto con anomalías por malformaciones físicas, psíquicas o sensoriales, sus recursos económicos le permitirán trasladarse a algún país vecino para abortar o, si decide seguir adelante con el embarazo, contratar ayuda y servicios que le permitan llevar una vida normalizada y con libertad. Pero si la embarazada es una mujer pobre, se verá obligada a continuar con el embarazo y su libertad habrá quedado seriamente coartada; su vida cambiará para siempre. Tendrá que dejar el trabajo, si lo tiene, por lo que no percibirá ingresos para el mantenimiento de su hogar; se convertirá en una mujer dependiente de su pareja o de su familia, que será más pobre y desgraciada; y se dedicará al cuidado de su hijo las veinticuatro horas del día durante toda la vida porque no dispondrá de dinero para pagar una ayuda. En definitiva, la mujer pobre estará sometida a la atención de su hijo, sufriendo en exclusiva sus consecuencias de carencias y dificultades que le harán llevar una vida mucho más desigual que la de la mujer rica.

¿Por qué no va complementada la Ley del Aborto con un desarrollo de disposiciones y normativas de compensaciones económicas y servicios de ayuda para aquellas madres sin recursos económicos que sufran este tipo de embarazos, y que aminoren estas diferencias tan dolorosas y humillantes?

 

Trabajo.- El paro se irá corrigiendo con el tiempo, muy lentamente; esto es seguro. Todo está calculado y programado. A nadie le interesa, y menos a los responsables de esta gran operación, que la situación llegue a tal punto que provoque un estallido social. Ello perjudicaría su negocio, que es el de vender y ganar dinero. La sociedad debe permanecer tranquila, sin huelgas ni alborotos, y las familias tienen que recibir ingresos para poder consumir. De esta manera, el binomio producción-consumo se garantiza y con ello el funcionamiento y negocio de las empresas y de los bancos.
A este fin contribuye la Reforma Laboral, Seguridad Social y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, endureciendo las penas y castigando a quienes se manifiesten, pretendiendo una ciudadanía amordazada e inactiva, que no proteste por sus desacuerdos ni se queje de sus males y perjuicios.

Los trabajadores conseguirán empleo, sí, pero afortunado aquél que pase de los mil euros netos al mes. Será también un trabajo precario, condicionado a la subordinación general del trabajador al empresario, que podrá prescindir de aquél sin contraprestaciones ni riesgos significativos para sus intereses económicos y empresariales. Serán trabajadores dispuestos para todo lo que se les pida, dóciles y conformistas. ¿Volveremos a los tiempos añejos del señoritismo, a los de las sirvientas por el tocino sobrado de la olla o un chorreón de aceite refrito, a los del profundo desequilibrio entre los intereses del patrón y los del obrero?. Aquellos tiempos en los que el trabajador tenía que suplicar un jornal, hacer lo que se le ordenara sin rechistar, con el horario que fuese, mendigando el salario (que casi siempre cobraba tarde y mal), y quedando agradecido por todo ello e implorando que se le volviese a emplear.

Por otra parte, los trabajadores, los pobres, habrán adquirido con esta dura experiencia conciencia real de clase. Habrán comprobado que no son ricos ni nunca llegarán a serlo, que deberán amoldarse a las posibilidades de su estatus social y que jamás tendrán una relación o una vida de igualdad, de tú a tú con los pudientes. En consecuencia, nunca más aspirarán a lo que no puedan aspirar; nunca más se embarcarán en compras ni negocios a los que no puedan hacer frente, que no puedan pagar, ni pondrán en riesgo no sólo su insignificante hacienda, sino, lo que es más importante, la de aquéllos que equivocadamente les prestaron el dinero confiando en sus capacidades y medios.

Con medidas como las apuntadas anteriormente se garantizan dos cosas más, las principales para los arquitectos de esta operación de ingeniería económico-financiera: controlar el déficit privado y el déficit público. Por un lado, que el sector privado, las empresas y las familias sean conscientes de sus posibilidades y ofrezcan garantía y solvencia económica con la que responder a las obligaciones contraídas mediante las operaciones de crédito. No quieren verse inmersos en otro calvario como el provocado por el sector inmobiliario y el de los aspirantes a nuevos ricos. Y por otro, que el sector público, los gobiernos e instituciones aseguren con la recepción de impuestos y los recortes el equilibrio presupuestario con el que hacer frente, también ellos, a sus obligadas responsabilidades financieras. En definitiva, evitar lo que ahora llaman “reestructuración”, quitas, que no se pague lo que se deba.

Este era su objetivo y lo habrán conseguido. Se habrá superado la crisis financiera, pero no la de los ciudadanos. Habrán puesto a cada uno en su sitio y la vida transcurrirá sin alteraciones ni sobresaltos, pero, eso sí, habrá quedado asegurado el equilibrio del balance financiero, la rentabilidad de sus negocios, las ganancias de los ricos y poderosos. Y si se vuelve a poner en peligro su negocio harán otra vez lo mismo, porque ellos jamás consentirán perder un duro, son insaciables, aunque las pérdidas sean provocadas por sus errores, avaricia y mala gestión.

Y todo ello a costa de los indefensos pobres, cuyas vidas se diferenciarán y se distanciarán cada vez más de la de los ricos, perdiendo libertad y calidad, siendo más desgraciados y resignándose a su pobreza generacional permanente, como si viniera impuesta por designio divino. Y así, por otra parte, se complacerá a los pudientes, porque los ricos, no es que quieran sólo diferenciarse de los pobres, poseer más que los pobres y ser más importantes que los pobres, lo que quieren, sobre todo, es que se note. La diferencia es proporcional a su felicidad.

 

Propuesta de mejora.-
¿Qué se puede hacer contra estos enemigos tan poderosos y tan peligrosos para mejorar este futuro tan poco prometedor?. La verdad es que hay pocas y difíciles soluciones. Pero no hay que resignarse, hay que protestar y manifestar por los medios de que dispongamos, siempre pacíficos y legales, que no estamos conformes, y que vamos a defender nuestros derechos como personas y ciudadanos libres. Y creo que disponemos de una respuesta que la proporciona la propia realidad a la que nos llevan. Una solución de puro sentido común, una solución que puede parecer una perogrullada, pero es una solución real. Una solución que no nos va a hacer a todos iguales, pues esto es una entelequia, nunca hemos sido iguales ni lo seremos, pero puede aliviar bastante las repercusiones de nuestra desigualdad, las de pertenecer al grupo de los no pudientes.

Precisamente, las políticas discriminatorias relatadas anteriormente van a configurar una sociedad bipolarizada en dos grupos muy desiguales, distantes y delimitados, uno pequeño, el de los poderosos, el de los ciudadanos de primera, y otro muy grande, el de los pobres, el de los ciudadanos de segunda. Y esta realidad debe proporcionar la defensa; un grupo muy grande es la mejor y más eficaz arma de combate en una sociedad democrática. El grupo que disponga del mayor número de voluntades será el que decida las personas que lo administre, las que lo gobierne. Es verdad que habrá poco margen de maniobra, porque, como hemos comprobado, ni en el pueblo ni en su gobierno reside el verdadero poder soberano, pero es de puro sentido común que los que se sientan discriminados deberán actuar de forma distinta a los que discriminan. En algo debe notarse la diferencia, como en la actualidad se nota en los países que apuestan por una mayor igualdad y solidaridad entre sus ciudadanos. Sería incomprensible y de estúpidos el que no se notase.

¿Pero, cuál es la dificultad, por qué no dirigen los países los representantes del grupo mayoritario? Porque, entre otros motivos, creo que realmente no lo representan; no lo representan ni con su gestión ni con su comportamiento. Cuando han tenido la oportunidad de hacerlo no lo han hecho, se han viciado y han acabado actuando como actúan los poderosos; cuando han probado los beneficios y privilegios del grupo minoritario, de los ricos, han caído en la tentación y se han vuelto como ellos, aprovechándose de la ocasión y olvidándose de su verdadera misión, que es la de defender los intereses de sus representados.

Los partidos de izquierda, los representantes del grupo mayoritario, deben adquirir conciencia de clase, deben creerse su papel y demostrarlo; deben actuar como tales y no comportarse como los de derechas. Sólo de esta forma conseguirán ganarse la simpatía de los suyos. Y cuando se lo crean y actúen como los de su grupo, la gente se identificará con ellos, confiará en ellos y los apoyará con la fuerza de su mayoría. Y así hay que decírselo a los que dicen representarnos y a todo el mundo, sin complejos y sin miedo, que no vamos a perdonar ni olvidar ni dejar pasar ni una. Hay que ser implacables con todos los políticos corruptos, mentirosos y faltos de honradez, especialmente con los nuestros, y hay que borrarlos del panorama político, que no se vuelvan a ver, porque nuestra exigencia obligará al comportamiento escrupuloso.

Desgraciadamente, esto es tan simple como difícil, por la codicia, la ambición, la condición humana y la mala educación. Pues seguramente, los representados seamos de la misma condición, ya que de nosotros salen los representantes, por lo que, mientras no cambiemos todos, seguiremos persistiendo en el error y sufriendo las consecuencias de nuestro egoísmo y torpeza. A mi juicio, la solución, la respuesta, debe estar sustentada en una buena educación, mucha educación y buenos profesores. Pero los resultados no son inmediatos.

Un abrazo, Chove.
Granada, enero de 2014