París bien vale una misa
¿Quién está impidiendo u obstaculizando la formación de gobierno en Andalucía? ¿A quién hay que exigir responsabilidades en este proceso?
Comencemos haciendo una observación desde otra perspectiva, que también creo se debe valorar.
Según los resultados electorales del pasado 22 de marzo, hay mayoría absoluta de votantes y representantes (diputados) que no quieren que Susana Díaz sea presidenta del gobierno Andaluz. Es decir, 2.297.094 votantes, el 57,17 % del total de participantes prefirieron un candidato distinto a Susana Díaz, frente a 1.409.042, el 35,43%, que votaron por ella. Y estamos hablando sólo de los partidos que han obtenido representación parlamentaria.
Pero alguien tiene que presidir el gobierno, y la opinión más generalizada y lo lógico, a falta de concreción de la Ley Electoral, es que sea el candidato de la lista más votada, es decir, Susana. Aunque también es lógico que se utilice este criterio siempre, para toda elección.
No obstante, no se puede desechar el argumento de que hay que tener en cuenta además la opción ideológica más votada con prioridad a la lista más votada. Esto es lo que ocurrió en las anteriores elecciones Andaluzas, en las que el PP fue la lista más votada, pero gobernó el PSOE con IU. Y, dicho sea de paso, también es verdad que cada vez es más difícil definir la sensibilidad ideológica de los partidos concurrentes.
Bien, en las pasadas elecciones, cualquiera de los argumentos apuntados anteriormente aconseja un gobierno del PSOE con la ayuda de las otras sensibilidades de izquierdas. Pero un votante cualquiera de esos 2.297.094, que no quiere que Susana sea presidenta del gobierno, se sentiría traicionado si sus representantes permiten que lo sea, y muchos de ellos, además, cambiarán su voto en las próximas al sentirse defraudados. ¿De qué les vale votar a otros si luego éstos se los dan a ella? Y es verdad, tampoco sería ésta la solución más democrática y justa.
¿Qué hay que hacer entonces, cómo se desbloquea esto, quién se moja y asume los riesgos de tal iniciativa y decisión? La respuesta deben darla los acuerdos programáticos de los partidos, obtenidos con las lógicas concesiones de unos y otros, y a iniciativa del partido ganador.
Dice el refrán que quien algo quiere algo le cuesta, y recordemos a Enrique IV de Francia cuando dijo aquello de “París bien vale una misa”, justificando su conversión al catolicismo para poder acceder al trono. Si el “derecho” a presidir, según esta interpretación, le corresponde a Susana, también será ella la que deba asumir la responsabilidad de tomar la iniciativa de consensuar las distintas alternativas programáticas para convencer y compensar la permisividad de la oposición a su investidura. Debe ser el PSOE y Susana los que asuman generosamente ofertas programáticas y exigencias de las otras formaciones con el fin de que éstas puedan presentar a sus votantes, que son la mayoría absoluta de los participantes, resultados que los conformen, que justifiquen suficientemente la decisión de permitir la presidencia de Susana; la investidura bien vale ese acuerdo. Esta sería, en mi opinión, la solución más democrática, y que se correspondería con la voluntad manifiesta del electorado.
Pero la señora Díaz parece que está actuando como si los resultados electorales hubiesen sido los que ella esperaba, los de la suficiencia, y no ha sido así, han sido otros, se ha equivocado, y debe asumir la realidad y proceder en consecuencia. Es una estrategia inútil continuar votando la investidura una y otra vez sin haber llegado a ningún acuerdo. A no ser que crea que así desgasta a la oposición y que unas nuevas elecciones sí le darán ya los resultados que ella esperaba. Pero de proceder así, ¿no piensa que lo más probable es que se equivoque otra vez? Son muchos los votantes que no la han preferido a ella; 2.608.870 entre todos. ¿Y van a cambiar de voto en tan poco tiempo cuando sus representantes están haciendo lo que ellos prefieren? Y encima lo de Aznalcóllar.
Lo más sensato y democrático es asumir los resultados y actuar en consecuencia, que es lo que el pueblo ha dictaminado.
Chove, mayo de 2015